Lecciones aprendidas en el control del orden público frente a terremotos y tsunamis (Chile)

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Lecciones aprendidas en el control del orden público frente a terremotos y tsunamis (Chile)

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Introducción
Desarrollo
Conclusión

Introducción


El terremoto de Chile de 2010, fue un fuerte sismo ocurrido a las 03:34:17 hora local, del sábado 27 de febrero, que alcanzó una magnitud 8,8 grados en la escala de Richter. El epicentro se ubicó en la costa frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, esta última aproximadamente 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes y a 47,4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo, tuvo una duración de cerca de 2 minutos 45 segundos, en promedio. Fue percibido en gran parte del Cono Sur con diversas intensidades, desde Ica en Perú por el norte hasta Buenos Aires y São Paulo por el oriente.
Las zonas más afectadas por el terremoto fueron Valparaíso, Metropolitana, O"Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. En las regiones del Maule y el Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de 9 la escala de Mercalli. Las víctimas fatales llegaron a más de 450. Cerca de 500 mil viviendas resultaron con daño severo y se estiman un total de 2 millones de damnificados. En la Oportunidad el Gobierno de Chile declaró "estado de excepción constitucional de catástrofe" en las regiones del Maule y Biobío.
El autor definirá los hechos, tanto políticos como técnicos, para disponer de las FF.AA. con retraso que, claramente propició la delincuencia y pillaje.

Desarrollo


En este contexto se produce un desconocimiento, descoordinación, desconfianzas, ausencia de tomas de decisiones, errores e incertidumbre.
Ante la gravedad de los hechos que afectaba en forma severa a cuatro regiones del país, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, debió tomar importantes decisiones con el propósito de que en las primeras horas, posterior al terremoto y tsunami, se pudieran definir estrategias claras para enfrentar la catástrofe nacional.
Es por todos sabido de los fallos garrafales de algunas instituciones que por una mala interpretación de datos o simplemente por no contar con la persona idónea ese 27 de febrero, provocaron consecuencias fatales de un importante número de ciudadanos, quienes en esa oportunidad confiaron en el conocimiento y buen desempeño de las autoridades e instituciones.
Sin embargo, a la luz de los antecedentes se evidencian la descoordinación, relativismo, falta de profesionalismo y capacitación de los operadores encargados de las emergencias en nuestro país, errores fatales que en una primera instancia suman 13 que se detallan a continuación y que apuntan básicamente a las dos instituciones más importantes en materia de terremotos y tsunami como la ONEMI y el SHOA.
1. El Director Regional de ONEMI Biobío, fue el primero en advertir que la magnitud del terremoto era entre 9 a 10 grados de Mercalli (ruinoso a desastroso) y sus consecuencias podían ser nefastas. Mientras todavía temblaba, logró comunicarse con el Centro de Alerta Temprana (CAT) en Santiago, donde le dijeron que se trataba de un temblor grado 7 (muy fuerte).
2. Tras decidir que habían antecedentes para decretar una alerta de posible tsunami, el jefe subrogante del SHOA, envió una advertencia a 70 destinatarios de la red naval y marítima Genmercalli, de ellos sólo 2 acusaron recibo.
3. Según la versión del SHOA, apenas 17 minutos después de ocurrido el sismo, la Armada llamó a la ONEMI para dar la alerta de tsunami. Sin embargo, según el personal de la ONEMI, sostiene que el llamado indicó que el epicentro era en el continente por lo que descartaban la alerta. Hasta la fecha, los funcionarios de ambas divisiones contradicen sus versiones sobre el tema.
4. Se haya dado o no la alerta, de todas formas la información, habría chocado con un insólito error de concepto por parte del personal de la ONEMI. Esto es porque tanto los jefes de turno del CAT, así como el jefe del CAT, Johaziel Jamett y hasta la propia directora nacional de la ONEMI, Carmen Fernández, estaban convencidos de que un maremoto no puede producirse si el epicentro es en tierra. "Si el terremoto es en tierra no es posible un tsunami. Eso lo sabemos todos los que trabajamos en esto. Ese dato es clave, y es lo que analizó el equipo", indicó Fernández en una entrevista de 2010. Grave error: un tsunami puede producirse con epicentro en el lecho marino o bien, en tierras cercanas a la costa. De hecho así lo establecen los patrones de procedimiento del SHOA por lo que, al ubicar inicialmente el epicentro, dio pie a que la ONEMI descartara automáticamente el riesgo de maremoto.
5. Un geólogo del Centro de Observación de Tsunamis del Pacífico (PTWC) en EEUU, despachó un mensaje de alerta al SHOA a sólo 5 ó 6 minutos de ocurrido el sismo, indicando una "alta probabilidad de tsunami". Preocupado, este geólogo, volvió a comunicarse con el SHOA unos 21 minutos después, esta vez por teléfono, para asegurarse de que el mensaje había sido comprendido. Como el cabo Jorge Araya, oceanógrafo del SHOA, no hablaba inglés, fue el geofísico cubano Víctor Sardiña quien tomó el teléfono desde el PTWC para ratificarle la información y enfatizar la fuerza del sismo. El cabo Araya contestó afirmativamente desde Chile que estaban al tanto.
6. El personal de la Armada de turno en la Capitanía de Puerto de Constitución, pese al clamor de un pescador que preveía el peligro, se negó a facilitar un bote o a evacuar a la población, convencidos de que no había riesgo de tsunami.
7. A 33 minutos de ocurrido el terremoto, la ONEMI pidió al SHOA un fax confirmando la información. Según la ONEMI, de que no había alerta de tsunami. Según el SHOA, de que sí había alerta. Lo único medianamente claro es que en la ONEMI, ninguno de los directivos del CAT conocía los formatos oficiales de alerta de tsunami. De ahí que, cuando llegó el documento a las 4:07 de la mañana, efectivamente advirtiendo un posible maremoto, tanto el jefe de turno, como el jefe del CAT, desecharon la información.
8. Todos los funcionarios de la ONEMI en el CAT, incluyendo al subsecretario Rosende, aseguran que pidieron confirmación telefónica al SHOA, recibiendo respuesta clara de los marinos, de que no había alerta de tsunami por haberse producido el epicentro en tierra.
9. El SHOA habría salido relativamente indemne de la investigación de no ser por un crucial y fatídico error: una hora después del sismo, el comandante Mariano Rojas, director del organismo, convencido de que no ocurría nada, preguntó a sus funcionarios en voz alta: "¿cómo estamos para cancelar?".
10. Cuando Carmen Fernández llegó a la ONEMI, leyó el intrigante fax y fue la única en reconocer que encerraba la posibilidad de una evacuación. Por desgracia, justo en ese momento, el SHOA informó que cancelaba oficialmente la alerta de tsunami y todos olvidaron el tema. "Un problema menos", dijo Carmen Fernández.
11. Cerca de las 5 de la mañana, la oceanógrafa jefa de sección tsunamis del SHOA, Cecilia Zelaya, llegó a la oficina. De inmediato interpretó los datos no sólo como una alerta, sino como una alarma de tsunami inminente y advirtió de ello al capitán Enríquez, asesor del director del SHOA. Sin embargo Enríquez no prestó atención a su advertencia, pese a que Zelaya era la única persona en el lugar con conocimientos sobre tsunamis.
12. Antecedentes de la investigación estiman que el SHOA recibió al menos dos avisos de "observadores entrenados" -uno desde Juan Fernández y otro desde Talcahuano- indicando un tsunami en curso. También existe registro de un mensaje de texto enviado desde Talcahuano a Zelaya confirmando un tsunami a las 5:34 de la mañana, 26 minutos antes de la ola asesina. El texto decía "Confirmo tsunami en basetalc. Nmm 6 metros en Fuerza Sub. Una ola inundó sin rompiente".
13. Según la investigación, a las 4:20 de la mañana el jefe de la Segunda Zona Naval, contraalmirante Roberto Macchiavello, informó a Bomberos de Talcahuano, al jefe de la 8º Zona Policial, General de Carabineros Eliecer Solar, al intendente Jaime Tohá y a través de este, a la población, que no había alerta de tsunami porque el epicentro se había localizado en tierra.
El intendente Tohá así lo confirmó públicamente a través de Radio Biobío a las 5:20 de la mañana. A las 6 y 6:40 horas, dos nuevas olas cobraron vidas en Dichato. 1
A consecuencia de esto, se vivieron las horas más dramáticas posteriores al terremoto y tsunami, donde la autoridad administrativa debió asumir su responsabilidad y actuar con extrema celeridad en todos los ámbitos posibles para mantener el orden público, volver a la tranquilidad y administrar de la mejor forma posible las normas que rigen para afrontar en forma global las consecuencias posteriores a un terremoto y tsunami de estas características y de esta forma contribuir de manera directa a mitigar en parte, las consecuencias del fenómeno, decretando el funcionamiento del "Comité de Operaciones de Emergencia" (COE) en el contexto del plan nacional de protección civil y el "Estado de Catástrofe" en el contexto de los estados de excepción constitucional.
Por otro lado el gobierno debió disponer del estado de catástrofe que se contempla para los casos de calamidad pública. Su declaración corresponde al Presidente, quien debe indicar la zona afectada por la misma.
Conforme con el inciso segundo del artículo 41º de la CPR, el Presidente de la República tiene la obligación de informar al congreso las medidas adoptadas una vez declarado dicho Estado.
Además, el artículo 7°, le entrega al jefe de la Defensa Nacional designado los siguientes deberes y atribuciones:
Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona.
Controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella.
1 BioBiochile.cl, jueves 19 enero 2012, publicado a las 11:09. Actualizado a las 13:13, investigación da a conocer los 13 errores más increíbles cometidos por el SHOA y ONEMI el 27/F
Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros.
Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes.
Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada.
Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público.
Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.
Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona.
En este contexto y entendiendo la magnitud del siniestro con consecuencias fatales para un número elevado de ciudadanos por evidentes fallas humanas de la estructura de los dos principales organismos de emergencias de Chile, ONEMI y SHOA, solo quedaba actuar con mucha celeridad desde el gobierno central, con decisiones acertadas y sobre todo técnicas y basados en la legalidad vigente.
Toda vez que las horas posteriores al siniestro no fueron acertadas y se produjeron indecisiones por la falta de información y otros elementos descritos anteriormente.
En tal sentido la mayoría de la ciudadanía y el mundo asombrado por la dimensión de la catástrofe, esperaba estrategias oportunas, serias y lejos de temores o prejuicios políticos, sin embargo tras este importante fenómeno natural, han surgido denuncias, testimonios y publicaciones que dan cuenta de los motivos políticos tenidos a la vista para que las decisiones en la gestión y el manejo el riesgo (conjunto de actividades derivadas de la administración de la protección civil y que corresponden al esfuerzo de detección y dimensionamiento de los mismos), fueron tomadas con exagerada tardanza, facilitando el bandidaje y delincuencia, demostrado con los saqueos a supermercados, multitiendas y comercio menor de Concepción.
Una aproximación teórica: en principio, bajo las divisiones impuestas por la adopción del Estado moderno o técnico- burocrático, las FFAA tienen como misión hacer frente a los enemigos del Estado, ya sean externos, en caso de conflicto internacionales o internos, en caso de una oposición armada a este. Es decir que su misión es proteger los intereses vitales del Estado por medio de la fuerza contra amenazas violentas a estos.
Mantener el orden público, proteger a la población de amenazas que no afectan los intereses vitales del Estado, hacer frente a eventos que no tienen por origen una voluntad de poner en tela de juicio la presencia del Estado, pero que sí perturban el diario vivir de los ciudadanos y debilitan o anulan la posibilidad de convivencia de estos, es responsabilidad de otras ramas del Estado, en un primer momento de las fuerzas policiales, que han de depender del Ministerio del Interior y luego, a más largo plazo, de otros servicios del Estado, como los ministerios socio-económicos y los tribunales de Justicia. La misión de estos servicios por lo tanto no es el uso de la violencia según las necesidades del momento, sino más bien el trabajar para reducir ésta a su mínima expresión posible, por lo que su entrenamiento, sus métodos y su estructura de mando ha de ser sensiblemente distintos.
Sin embargo el hecho de que las FFAA sean la institución del Estado que suele beneficiarse con la tecnología más avanzada, así como disponen de una organización regulada por normas que establecen un orden racional en lo que les atañe; de una cadena de mando capaz de tomar decisiones adecuadas con información fragmentaria y bajo situaciones de estrés, de una logística que ha de permitirle tener presencia a lo largo del territorio nacional -e incluso más allá- y finalmente contar con varias decenas de miles de soldados que pueden ser movilizados rápidamente de manera ordenada y estructurada, hacen de estas la columna vertebral del Estado y justifican que su uso pueda ir más allá de la simple confrontación contra enemigos externos y pasen a ser una variable a la cual recurrir en caso de emergencias, cuando colapsan o se ven desbordadas las estructuras civiles y policiales.
El problema es obviamente determinar qué es lo que constituye una emergencia. En principio la respuesta puede ser sencilla: un evento inédito o muy poco común, de gran magnitud, que está acotado en el tiempo y que obliga a tomar decisiones que en su forma y fondo difieren del procedimiento habitual. Entonces la intervención de las FFAA ha de limitarse a restablecer el orden anterior -en la medida de lo posible- hasta que las otras ramas del Estado retomen sus capacidades o que una nueva estructura civil nazca para hacer frente a los desafíos creados por este evento. Pero como lo muestran la Guerra contra el Terrorismo, la Guerra contra las Drogas, los estatutos de emergencia en muchos países del Medio-Oriente -ninguno de estos hechos puede incluirse bajo la acepción tradicional de guerra-, la emergencia puede prolongarse por muchos años, pasando de ser una situación acotada en el tiempo y el espacio a una situación que se extiende sin límites por el tiempo y el espacio.
Las FF.AA. cuentan con este potencial para tomar decisiones convenientes con el fin de garantizar la sobrevivencia del Estado. Que este potencial sea activado, o simplemente se quede en el limbo de las posibilidades teóricas, no quita en nada su existencia, y su amenaza sobre las autoridades civiles, en especial en caso de que la legitimidad de éstas provengan de una elección democrática, mostrando una vez más la tensión esencial que existe entre la lógica tecno- burocrática del Estado moderno y la democracia.
Todas estas opciones contienen en sí mismas sus limitaciones y debilitan la lógica democrática, pero pueden aplicarse simultáneamente sin ser contradictorias. Finalmente el objetivo de todas éstas, es hacer que las FFAA no sean activas fuera del ámbito táctico militar, sino que en todos los aspectos, ya sea de estrategia militar, de las dirección de las relaciones exteriores, de la política interior del país, en especial en el caso de emergencias, estos cuerpos armados obedezcan siempre, de manera subordinada, al poder civil y sean reactivos a las decisiones de este, pero que al mismo tiempo sean completamente activos en informar de la situación y en estar listos para responder a las demandas que se les hagan, en la medida de sus posibilidades materiales y de personal.
En terremoto del 27F es una buena ocasión para estudiar estos asuntos y ver hasta qué punto las FF.AA. se adecuan a este modelo, ver si difieren de él y las razones de por qué lo hacen.
"En el contexto de las conmemoraciones del tercer aniversario del terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010 han aparecido varios artículos referidos a las circunstancias políticas de los eventos de dicha noche". 2
¿Políticas? Sí, pues es obvio que las instituciones que debían actuar no funcionaron. Para algunos no funcionaron los órganos técnicos, como planteó Oscar Guillermo Garretón en un periódico; para otros no funcionó el mando político, como quedó claro en el video que muestra a la Presidenta Bachelet y su gabinete en la ONEMI, sin saber qué decidir, ni desarrollando protocolo alguno de los que la directora de esa oficina había asegurado que existían.
2 http://web.derecho.uchile.cl/dpec/index.php/defensa-y-desastres-naturales/81-fuerzas- armadas -terremoto-y-reconstrucción-i
Sin embargo, es el trabajo de Ascanio Cavallo el que más sorprende, pues en una extensa serie de tres artículos desarrolla y comenta en detalle algunos de los procesos y eventos que ocurrieron esa fatídica madrugada. Sorprende por la manera en que, audazmente, se aleja del periodismo e incursiona en la manipulación.
Relata que, "El bote pesquero Pinita estaba a 5 millas al oeste de Constitución cuando comenzó el terremoto. El agua borbotaba y hacía crujir el barco. Todos estuvieron de acuerdo en que eso tenía que ser un terremoto. El capitán Ibarra llamó a su mujer por celular.
Mientras hablaba, Ibarra recibió un llamado por radio de la Capitanía de Puerto de Constitución. Los marinos querían saber si veía olas yendo hacia la costa. —Negativo— respondió. Tras hacerlos brincar, el mar había vuelto a tener la quietud de un estanque. Y eso fue lo que informó". Los tripulantes del Pinita se quedaron especulando sobre cómo estaría su ciudad.
Desde las 3:34 los marinos de la Capitanía de Puerto de Constitución se quedaron con esa información —el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) no estaba constituido— hasta las 4:20 en que la misma Pinita (o la Pinta) les informó que tres grandes olas se dirigían hacia Constitución. Los marinos evacuaron su puesto entre las 4:20 y las 4:25, horas en que las olas llegan a la costa. Ante esta reacción Cavallo llama a escándalo: "Los marinos abordan la camioneta fiscal y vuelan hacia las alturas… no hacen ni el más mínimo intento de evacuar a la población… solo huyen" y lo compara con un comportamiento cuasi heroico de un periodista radial que, entre las 03:34 y las 04:25, habría participado en un intento de organizar una evacuación, pero sin decir dónde estaba el periodista cuando las olas llegaron. Obviamente no estaba en la playa donde Cavallo quería, sin explicar para qué, ver a los marinos atajando las olas. En cinco minutos y en el borde del mar no había mucha oportunidad de organizar nada, no cabía más que escapar. El heroísmo fatal no tenía ahí utilidad alguna.
Al comienzo del gobierno de Aylwin, se estableció como política explícita y sostenida en el tiempo el marginar a las FF.AA. de toda acción que las pusiera en contacto directo con la ciudadanía. La prueba inicial —desastrosa— fue un intenso temporal de nieve bautizado como "el terremoto blanco", que azotó a Magallanes, en la cual ese gobierno no quiso recurrir a los medios de que las FF.AA. disponían; vehículos para nieve que podían transitar sin problemas en esas condiciones. Esto resulta claramente contrario al deber de un gobierno, pero quizás las circunstancias del período hacían predominar la ideología por sobre el bien común.
En los sucesivos gobiernos de la Concertación esta aproximación siguió igual o peor. La sucesión de decisiones y políticas que se aplicaron a lo largo de varios de sus gobiernos fue el camino que llevó a esta situación de ineficacia gubernamental.
Veamos algunos ejemplos concretos.
Por Decreto N° 156 del 12 de marzo de 2002 se aprobó el Plan Nacional de Protección Civil, el plan maestro para organizar la respuesta del Estado ante catástrofes de gran envergadura. La única participación asignada a las FF.AA. fue la de incorporarse a los Comités de Operaciones de Emergencia (los COEs), pero no como Instituciones, orgánicamente, sino sólo con la presencia de dos representantes en la Intendencia de cada región, para aportar los medios y recursos existentes en el lugar de la catástrofe.
Puesto en simple, el Plan preveía que las FF.AA. pusieran personas, camiones, carpas, cocinas etc. a disposición de los COE y cada Intendencia decidiría, dirigiría, coordinaría y comunicaría todo, dejando a toda la estructura de mando —personas, comunicaciones y recursos de mando y control— de las instituciones, fuera del sistema. En las regiones, bajo el mando del intendente y a nivel de gobierno, bajo la dirección del ministro del Interior:
El Plan dice que cada COE, tiene que disponer de "un lugar físico que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación, para centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo, realizar las coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar información procesada a los servicios técnicos ejecutores, autoridades superiores y medios de comunicación social". Lo mismo vale para el COE de la ONEMI a cargo del ministro del Interior. Sólo que ese lugar, dotado de esas capacidades, nunca existió.
Es en esos COEs donde se debían reunir todas las informaciones, tomar las resoluciones disponer las acciones y "diseminar las informaciones a los servicios técnicos ejecutores". En pocas palabras, es de esos COEs desde donde debieron haber salido las informaciones hacia el SHOA, informándole que lo que leían en sus instrumentos no se correspondía con la realidad objetiva reconocida e informada por otros medios dependientes de los COEs.
Es evidente que el gobierno de Bachelet pretendía continuar con lo que a esas alturas era un proceso asumido por más de una década: la política en aplicación desde Aylwin, —dejar a las FF.AA. solo como proveedores de personas y equipos actuando desarticulados de sus mandos—, sin que se haya leído o escuchado nunca alguna crítica a esa manera tan curiosa de planificar.
Este criterio fue refrendado por el Decreto Exento N° 760 del 25 de febrero de 2010, que dispuso que ocurrido un evento, su validación debería ser verificada por los directores regionales de la ONEMI y efectuado lo anterior y previa aprobación de la Dirección Nacional de la ONEMI se efectuaran los requerimientos necesarios de fuerzas militares al Estado Mayor Conjunto. Centraliza el control de las emergencias en la Onemi. Las FF.AA. quedan limitadas a funciones de apoyo, cuando se les requiera.
No sólo no había voluntad para emplear orgánicamente a las FF.AA., como abiertamente reconoció el ex ministro Bitar posteriormente, sino que incluso el proceso para hacerlo en forma inorgánica era tan engorroso y complejo, que nunca podría funcionar ante una emergencia. Y así fue.
El 27/F en la ONEMI estaban todas las autoridades necesarias para disponer y hacer uso de las FF.AA., desde la Presidenta de la República hasta el Jefe del Estado Mayor Conjunto, pasando por los ministros del Interior y de Defensa (recordar que los Comandantes en Jefes no estaban porque habían sido excluidos por ley) y nadie, repito, nadie, pidió que se autorizaran fuerzas militares para tomar el control de los disturbios y saqueos que ocurrían en Concepción. Bastaba que la Presidenta decretara Estado (Zona en algunos lugares) de Emergencia, lo que no hizo sino hasta el día siguiente.
No se puede sostener con seriedad, como lo hace Cavallo, que "las FF.AA. fallaron a Bachelet", está claro que la falla más gruesa fue del Ejecutivo, primero al hacer planes absurdos, mantenerlos sin cambios en el tiempo y finalmente no ser capaz de tomar las decisiones para intentar cumplirlos. Eso es ver lo que conviene ver.
Esta es una de las razones por las cuales es tan extraña e incomprensible la insinuación de Ascanio Cavallo de que la resistencia a salir a la calle por parte de las fuerzas de Ejército en Concepción sean "el tardío reflejo del resentimiento" por haber perdido protagonismo.
¿Resentimiento? ¿Protagonismo? Recordemos que Vidal, a la sazón ministro de Defensa, nos recordaba frecuentemente lo plenamente integradas que estaban las FF.AA. a la vida social chilena. Decidámonos, o las FF.AA. estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no se puede elegir de acuerdo a las conveniencias circunstanciales. Eso sería acomodaticio y oportunista.
Si la Presidenta, que había reunido bajo su mando (a través de la ONEMI) a todos los recursos de acción del país; que podía decretar su empleo en el momento que quisiera; que estaba en comunicación con Tohá, Intendente de Concepción, no quiso sacar a las fuerzas militares a la calle, ¿debería hacerlo un militar, —el comandante de la guarnición de Ejército de Concepción—, por sí y ante sí? ¿O es que el comentarista está proponiendo una acción fuera de la ley? 20 años de prédica y práctica contra la iniciativa militar tienen efectos. Cuando al fin se decidió a hacerlo, en la tarde del día siguiente, la respuesta fue muy rápida y efectiva.
Cuando a las FF.AA. se les ordenó actuar en el marco de la institucionalidad, lo hicieron con el aplauso de la sociedad, ¿o alguien olvida los, literalmente, aplausos de los ciudadanos penquistas ante la llegada de las columnas militares a la zona de catástrofe? La TV tiene múltiples ejemplos, en Youtube también los hay.
Desde la misma mañana del 27 de febrero, se inició el proceso para transferir las culpas al SHOA. Sorprendentemente el primero y más virulento fue el entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal, responsable político de la defensa y furtivo coautor del funesto Decreto Exento N° 760 de 2010 ¿Cómo entender esta actitud? Que el autor directo de las normas que mantenían a las FF.AA. fuera de los procesos de decisión y acción dispuestos en el Decreto Exento Nº 760 pretendiera que las FF.AA. violaran la ley, esta vez en su beneficio, parece oportunista.
El SHOA es uno de los múltiples organismos técnicos relevantes en una catástrofe y como tal, asesora a la autoridad de la cual depende, en este caso, al COE de la ONEMI. Nunca podría, por sí mismo, anunciar a la población la eventualidad de un maremoto ni menos decretar una evacuación. Esa era responsabilidad política de la Presidenta y de la ONEMI. El SHOA no tenía ni podía tener otra información que la de sus instrumentos ya que no contaba con observadores propios en la costa. Para eso estaban los COE regionales y el COE de la ONEMI.
Nunca recibió ni la más mínima información del COE como resultado de "la recopilación, análisis y evaluación de la información que este recibía de otras fuentes no hubo" diseminación de la información procesada a los servicios técnicos ejecutores", como lo disponía el Plan Nacional de Protección Civil de la ONEMI y que el informe de la PDI declara que estaba disponible desde las 05:17 horas y era suficiente para tomar la decisión de disponer la evacuación.
No hay dudas de que el SHOA demostró una conducta titubeante y poco efectiva, pero pretender que esto es la causa de todos los problemas equivaldría a reclamar porque al chocar con el iceberg a alguien se le derramó la sopa a bordo del Titanic. Lo que falló fue un cúmulo de procesos, pero sobre todo falló la capacidad superior de toma de decisiones, graficada en video en los titubeos, contradicciones, obsesiones y falta de decisión. Una política destinada a reducir el rol de las FF.AA. en las catástrofes, cuya participación tradicional, probablemente eficaz, fue reemplazada por palabrería, propaganda y apariencias que se desarmaron por todas sus costuras cuando fue sometida a la prueba de una catástrofe súbita, descomunal y muy extensa. Una Presidenta que pedía un helicóptero para volar sin un objetivo útil reconocible, es la evidencia final de este colapso.
Es evidente que como Estado, Chile no estaba preparado para la catástrofe que ocurrió. Muy probablemente cualquier plan hubiera quedado corto, pero la debacle de la gestión de la ONEMI y sobre todo la incapacidad de la ex Presidenta para tomar la decisión de disponer la evacuación de la población costera y poner a las fuerzas militares a controlar los desmanes, no hubieran revestido el carácter tan dramáticamente ineficiente que tiene lo acontecido esa trágica madrugada.
En este contexto, ya conocido, debatido hasta la náusea y hasta judicializado, es que resulta incomprensible la aproximación de Cavallo, para peor, reiterada en tres capítulos. La falta de investigación de los documentos primarios como planes, leyes y decretos es evidente, todo queda reducido a comentario intencionado.
Resulta incomprensible que una persona de su profesionalismo y cargo académico se deje llevar por la pasión en esa forma. La acumulación de adjetivos, sentencias y frases semiacusatorias; la puesta en duda de hechos que no puede desmentir pero que no acepta que sobrevivan como verdades, parecían ajenos al estilo del Decano. 3
En el contexto de esta investigación bibliográfica, se tuvo acceso a una entrevista personal con el General Inspector (R) de Carabineros, Eliecer Solar Rojas, quien en ese entonces se desempeñaba como Jefe de la VIII Zona de Carabineros BIO-BIO, al ser consultado por la evaluación policial de las horas posteriores al sismo en la zona bajo su responsabilidad, hace mención de las siguientes contratiempos:
¿En qué momento se registraron las primeras alteraciones al orden públicos? Los primeros saqueos a los supermercados Concepción se registraron alrededor de las 06:00 horas, es decir, una hora y media después del terremoto.
¿Cómo se presentaron estos saqueos? Los primeros saqueos se registraron en los supermercados y la gente con muy poca información ingresaba en cantidades importantes y sustraían desde interior, elementos de primera necesidad, comida y ropa.
Ese fue el escenario las primeras horas, ¿pero cómo cambió adentrado el día 27 en la mañana y en la tarde? Si, efectivamente el escenario fue cambiando y los saqueos a supermercados ya no se producían solo para sacar elementos de primera necesidad, sino que también los delincuentes comenzaron a sustraer especies que no tenían que ver con la supervivencia de varios días sin suministros básicos, comenzaron a robar tecnología, elementos de camping, música otros elementos similares y sin utilidad para una emergencia.
3 27/F: La historia oculta de una manipulación política (El Mostrador) por Fernando Thauby 18 de marzo 2013
¿Los saqueos se producían en todo Concepción? En un comienzo la gente robó solo en algunos lugares de Concepción, pero con el correr de las horas y con la intervención de la delincuencia y lumpen, este delito se atomizó en todo Concepción y existían denuncias de robos por toda la ciudad.Este fenómeno fue en aumento,se comenzó robando por necesidad, posteriormente con la intervención del lumpen y delincuencia se robaba cualquier elemento que se pudiera reducir, pero pasadas las horas se comenzó a saquear también negocios pequeños como botillerías, servicentros, tiendas de telas, repuestos de autos etc., es decir se estaba produciendo una escalada de delincuencia y los Carabineros con sus medios no éramos capaces de contener tal pillaje.
¿Qué pasaba con las FF.AA? Pasadas las primeras 30 horas, aún no se decretaba el estado de excepción, por lo que no podían cooperar en el restablecimiento del orden público, sin embargo, debemos tomar en cuenta que estábamos en el mes de febrero y mucho del contingente militar se encontraba en vacaciones.
¿Fue oportuna de llegada de las FF.AA a su zona? No, la llegada de la Fuerzas Armadas se debió disponer en forma inmediata, es decir debieron estar en apoyo de Carabineros las primeras horas de la mañana del día 27 de febrero, creo que la decisión fue tardía.
¿Cuál fue el verdadero aporte de las FF.AA. en el control del delito? El control del orden público en esas circunstancias fue en extremo necesario y eficiente, toda vez que constituidos las FF.AA. al mediodía del 28 de febrero, en la ciudad de Concepción y la instauración del toque de queda a contar de las 18:00 horas de ese mismo día se controló en forma inmediata el pillaje. Es importante tener claridad que estas acciones eran una escalada de delincuencia; se había comenzado con el retail, luego negocios menores y posteriormente se esperaba los robos y otros delitos en domicilios particulares.
¿Cuál fue el comportamiento del delito en los días posteriores a la llegada de militares a su zona? Naturalmente que con 23.000 hombres y mujeres de las fuerzas armadas y de orden, los delitos bajaron en forma considerable, incluso comparado con condiciones normales.
Durante un mes -tiempo en que duró el decreto presidencial de Estado de Excepción que lo nombró en su cargo- el jefe de fuerzas en Concepción, general (r) Guillermo Ramírez, 4 tuvo su oficina en las calles, caletas y pueblos interiores después del 27 de febrero de 2010. Para restablecer el orden, contaba con su experiencia en el terremoto de Tocopilla.
No fue fácil que asumiera. De hecho, ha trascendido que hubo dos decretos para nombrarlo que fueron rechazados por la Contraloría -las atribuciones entregadas habrían sido menores a las que establecía la Ley- y sólo el tercero tuvo la venia final.
Su gestión en Biobío fue destacada en diversos círculos militares y políticos. Dos años después, a fines del 2012, pasó a retiro.
Por primera vez, el general (r) decide entregar su versión sobre los problemas de orden público que generó la demora en sacar los militares a la calle -como fue reconocido desde la propia Concertación- y las responsabilidades detrás de esta tardanza.
¿Cómo recuerda que fue su nombramiento? El 27/F estaba en Santiago. El sábado intenté infructuosamente regresar por vía aérea a Concepción en donde era el Comandante de Operaciones Terrestres. Sin embargo, logré mi cometido al otro día en un helicóptero institucional. Al mediodía del domingo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto me comunicó telefónicamente que por Decreto Supremo de la Presidencia había sido designado como Jefe de la Defensa Nacional en la Zona de Catástrofe.
4 General de Ejército Guillermo Ramírez, que tuvo a su cargo 23 mil hombres y mujeres en Concepción, destaca lo efectivo que resultó el trabajo de las FF.AA. en medio de los pillajes. Cuestiona "los caprichos o gustillos personales o colectivos" que dilataron la acción militar.
Algunos de los principales problemas que vi cuando aterricé en Concepción fueron las acciones de pillaje, en que los delincuentes cooperaban a incrementar la sensación de pánico.
¿Por qué hubo dos decretos de su nombramiento que fueron rechazados por la Contraloría y sólo el tercero fue aceptado? El mejor interlocutor en esto es el propio Contralor. Yo estaba inmerso en los avatares propios de mi labor. Al respecto, en mi fuero interno guardo una respuesta bastante sedimentada, que por no estar fundada en evidencia y por estimar que no coopera a la sana convivencia nacional, me la reservo.
¿En la perspectiva del tiempo, ¿cómo cree que se hicieron las cosas en las horas posteriores al 27F? La opinión pública se ha formado una convicción extremadamente negativa y muy consolidada, luego de ponderar los supuestos que concurrieron en la capacidad de adoptar decisiones por parte de las autoridades, hasta el momento que, por Decreto Presidencial, se dispone el empleo de las FF.AA. Eso se debe en gran medida a la contienda política de oportunidad que se desató en el país. Y me refiero solamente a la capacidad de adoptar decisiones y no a responsabilidades o medidas preventivas que se deberían haber considerado previamente.
¿Pero problemas hubo en el trabajo en la zona? Con un mínimo de empatía, colóquese en el lugar de la autoridad regional luego de un terremoto y maremoto colosales. E intente conducir la fase «Respuesta» de la catástrofe en un escenario sin las herramientas necesarias para tomar decisiones. Cuando las FF.AA. y de orden, por mandato constitucional asumen el control de la zona de catástrofe, a las 36 horas transcurridas, había concluido el desgobierno regional y se evidenciaba un claro punto de inflexión en el derrotero que llevaba la Región. Además, sin ocasionar ninguna lesión a la población por el empleo de las armas, a pesar de haber alcanzado un total de 23 mil uniformados armados en la zona, los mismos que tenían que llevar alivio y apoyo a más de 2 millones de personas.
Lo más lamentable a mi criterio, es que toda la discusión se centró básicamente, por razones políticas en la "Alarma", punto de partida de la fase "Respuesta".
¿En términos prácticos, hubo demora en "salir a la calle" a controlar los disturbios y robos? ¿Qué responsabilidad le cabe al Ejército? En aquel entonces, las esquirlas y cortinas de humo del entrevero político, impactaban en personas, entidades y organizaciones, incluso algunas de ellas subordinadas a las propias autoridades políticas. Este fue desde mi perspectiva el factor precursor que pretendió instalar la idea de lenidad institucional.
¿Usted conoce a la fecha algún militar procesado en la justicia militar por notable abandono de sus funciones, en el sentido de brindar protección y amparo a la población tras el 27F? La estricta verdad es simple. Las FF.AA. sólo pueden emplearse en actividades de seguridad interior por un Decreto Supremo Presidencial que establezca el Estado de Excepción de Catástrofe. Y aquello sólo ocurrió el domingo a las 13:00 horas, ocasión en que se integraron bajo mi mando todas las unidades de las FF.AA. y de seguridad que se encontraban en la Región. En consecuencia no es una opción que dependa de la voluntad de la autoridad militar, sino que es una prerrogativa exclusiva de la autoridad política.
¿Si la decisión dependía de la autoridad política, dónde a su juicio está la responsabilidad en la demora de la decisión? Lo relevante aquí es por qué las FF.AA. salen a cumplir esta misión de seguridad interior, y obedece exclusivamente a esta prerrogativa de la autoridad política normada en la Constitución y en la ley orgánica que regula el estado de excepción de catástrofe. Como institución subordinada al poder político, dimos estricto cumplimiento a lo que se nos estaba impartiendo.
¿O sea, la demora fue del poder político? Es de quien resuelve. Efectivamente, es en este caso de la autoridad política. Es obvio de suponer que a mayor cantidad de tiempo existen mayores posibilidades de mitigar los efectos que generaron el terremoto y el maremoto.
¿Hubiera podido desplegar las capacidades antes? Probablemente. A partir del decreto, acto seguido las FF.AA. se desplegaron. Por lo tanto, no es una opción de orden voluntaria de la autoridad militar, sino que obedece estrictamente a una disposición del nivel presidencial, de la más alta magistratura del país.

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